Una denuncia sobre presuntas esterilizaciones a mujeres en centros de migración, además de otros maltratos por parte de doctores, provocó una demanda promovida por 173 legisladores federales sobre violaciones y abuso de derechos humanos provocados por las políticas antinmigratorias.
La enfermera Dawn Wooten, quien trabaja en un centro de detención en Irwin, Georgia, levantó una queja sobre varias mujeres que sin su consentimiento fueron sometidas a procedimientos ginecológicos. LaSalle Corrections es la encargada de este centro controlado por ICE. Hay de 5 a 17 casos presentados y una migrante que atestiguó los hechos considera que este lugar es “un campo de concentración experimental”.
Wooten declaró que varias mujeres le comentaron acerca de un doctor apodado “el coleccionista de úteros” que había retirado su útero o realizado otros procedimientos sin haberles consultado. Muchas inmigrantes respaldan su testimonio y ahora están representadas por Project South, la Alianza Latina por Derechos Humanos de Georgia, la Red de Apoyo de Inmigrantes del Sur de Georgia y Georgia Detention Watch.
El Inspector General del Departamento de Seguridad Interna, recibió una demanda por parte de los legisladores para una investigación inmediata sobre estas quejas para tomar acción el 25 de septiembre. “Estamos horrorizados al ver reportes de histerectomías masivas realizados a mujeres detenidas en esa instalación sin su consentimiento pleno e informado”.
Sin embargo, voceros de ICE no creen en las “alegaciones anónimas y no comprobadas” por parte de Wooten y las demás denunciantes. Por su parte, Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Interna, no acudió ante un comité de la Cámara Baja el jueves pasado para declarar sobre estos hechos.
Los sucesos recordaron lo realizado por autoridades estadounidenses en el pasado a mujeres afroestadounidenses, mexicoamericanas, indígenas y mujeres encarceladas.
Las alegaciones se añaden a denuncias como la separación forzada de familias, niños enjaulados, hoteles convertidos en centros de procesión y expulsión de menores y familias indocumentadas, falta cuidados ante el Covid-19, anulación del derecho de asilo, redadas paramilitares y quejas a guardias por hostigamiento sexual, entre otras.
