La "Carga Pública" es una medida utilizada por el gobierno de Estados Unidos para negar una Green Card, visa o incluso la admisión de personas al país.
Los oficiales de inmigración encargados de aprobar las solicitudes de residencia o visa, deben determinar si el aplicante puede llegar a depender de beneficios de gobierno en un futuro. A esto se le conoce como una “carga pública”. No obstante, no todos los solicitantes pasan por este proceso, es decir no es un proceso de rutina para las autoridades migratorias.
La regla de carga pública ha sido aplicada desde hace más de 100 años para denegar visas a personas que se convertirían en dependientes del gobierno luego de obtener su estatus de inmigrante. Actualmente, para aplicar esta regla, los agentes de inmigración evalúan factores y determinantes de la vida de los solicitantes, por ejemplo, la edad, ingresos, nivel educativo o acceso a programas gubernamentales.
En este sentido, el gobierno considera que los solicitantes con ingresos 250% mayores a las pautas Federales de Pobreza tienen menores probabilidades de convertirse en una carga pública.
Existen algunas situaciones que supuestamente afectan los procesos de obtención de residencia legal relacionados con la carga pública. Por ejemplo, existe la creencia de que, si los familiares de un solicitante reciben beneficios de gobierno, esto afectará a su aplicación. Sin embargo, esa información no es correcta, ya que, al aplicar a la residencia legal, los agentes ni siquiera preguntan si hijos o familiares son beneficiarios de programas de gobierno.
Además, los únicos programas que afectan a los solicitantes con respecto a la carga pública son:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que brinda recursos financieros a niños y adultos que viven con discapacidad.
- Asistencia Temporal para Familias en Necesidad (TANF), que ofrece apoyo en efectivo a familias de bajos ingresos.
- Medicaid
Hace unos años, la administración anterior impulsó una nueva regla de carga pública que dificultaba los procesos de solicitud de residencia, al exigir más formularios y añadir más criterios sobre la carga pública, que afectaba a beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), de subsidios públicos de vivienda o alquiler a nivel federal. Sin embargo, desde la entrada de la administración de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha regresado a la interpretación anterior, que solo contempla los tres programas mencionados anteriormente.
