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Pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y países latinoamericanos en el tema de separación de familias migrantes

Pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y países latinoamericanos en el tema de separación de familias migrantes

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OMBUDSPERSON DE MÉXICO, COLOMBIA, ECUADOR, GUATEMALA Y HONDURAS SOLICITAN A LA CIDH EMITA MEDIDAS CAUTELARES AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA FRENAR LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS Y PROTEGER LOS DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Por iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, a la que se sumaron las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Gobierno de los Estados Unidos de América interrumpir la separación de niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la familia y la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez.

Las INDH señalaron que “los beneficiarios de dichas medidas cautelares son las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen con sus familias a la frontera sur de los Estados Unidos de América y que sean separados de las mismas por autoridades de ese país; y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le requiera a los Estados Unidos de América que: a) interrumpa la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias, y b) adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez”.

Para los Ombudsperson solicitantes de las medidas cautelares resulta de particular preocupación el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos, que dejó de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes, y decidió utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar a dicho país.

Los titulares de las INDH saludan la emisión de un comunicado de la CIDH en el mismo sentido de demandar protección a los derechos humanos de personas menores de edad en contexto migratorio y oponerse a la política de tolerancia cero, al tiempo que valoran la posibilidad de actuar conjuntamente con ese Organismo internacional para fortalecer sus acciones en favor de la niñez y adolescencia migrantes.

Señalaron también en su solicitud a la CIDH que resulta especialmente peligroso que la separación de familias se tome como mecanismo para disuadir a las personas de migrar hacia ese país, enfrentándolas al peligro de ser separadas de sus hijos si lo intentan; dicha postura del gobierno estadounidense, afirmaron, es inhumana y representa un total desprecio por los derechos de niñez y adolescencia migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tienen.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen caracteres cautelar y tutelar. En cuanto al primero, buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos, como ocurre en este caso, por lo cual urge se ordenen tales medidas para que el gobierno estadounidense detenga la separación de niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias.

Explicaron en su petición de medidas cautelares, la cual se anticipó desde el viernes anterior, que de acuerdo con el artículo 25.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana, para la solicitud de dichas medidas se consideran la gravedad de la situación, la urgencia de la misma y el daño irreparable.

En ese sentido, expusieron que la política migratoria de los Estados Unidos de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, rompe el vínculo familiar existente entre ellos. Al respecto, recordaron que Estados Unidos está obligado por el Artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece el derecho de protección a la infancia, y a hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez. La separación de los hijos de sus padres es contraria al interés superior por los daños emocionales que esto ocasiona a niñas, niños y adolescentes, aseguran.

En el documento se pone de manifiesto que el interés superior de la niñez es uno de los principios rectores que conforman los derechos humanos de ese grupo poblacional en contexto de migración, y toma en cuenta que como personas sus integrantes tienen derechos humanos y por su condición de proceso de maduración necesitan de protección y cuidados especiales. Toda autoridad que tenga contacto con dicho grupo debe considerarlo prioritario al momento de tomar decisiones que los involucren, lo que redundará en su adecuada asistencia y protección integral.

Para estas INDH, la libertad personal de las niñas, niños y adolescentes es violentada si son separados de sus familias y detenidos sin que se justifique de manera alguna.

Tales separaciones, afectarán su integridad y romperán sus relaciones familiares, sin que posteriormente sea posible una reparación del daño, puesto que el deterioro en su desarrollo físico y mental podrá provocar enfermedades como ansiedad o depresión, sin que sea viable reparar dicho daño psicológico y emocional. Además, el impacto en su derecho a la unidad familiar quedará afectado sin que exista una posibilidad de repararlo.

Las INDH señalaron que los beneficiarios de dichas medidas cautelares son las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen con sus familias a la frontera sur de los Estados Unidos de América y que sean separados de las mismas por autoridades de ese país.

La petición de medidas cautelares fue dirigida, este lunes 18 de junio, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo, y está firmada por los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Luis Raúl González Pérez; Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Nefret Mosquera; Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, y Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, así como por la  Encargada de la Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador, Gina Benavides Llerena.

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