En caso de que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sea derrotada en tribunales, la Casa Blanca prepara medidas ejecutivas para su defensa.
La administración de Joe Biden se encuentra analizando posibilidades ante una derrota judicial de DACA, podría poner fin al programa que protege a más de 600 mil jóvenes indocumentados o Dreamers. Desde su creación, DACA ha permitido que más de 800 mil Dreamers, sean protegidos de la deportación, además de otorgar la autorización para trabajar legalmente.
En julio de 2021, un juez federal en un distrito de Texas declaró ilegal el programa de DACA, lo que suspendió la aprobación de nuevas solicitudes al programa, sin embargo, aún es posible que los beneficiarios actuales tramiten su renovación cada dos años.
Posteriormente, el caso fue llevado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, donde aún se espera la decisión final sobre el futuro de DACA. Por ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentó la regla final sobre DACA, que busca ser una protección adicional al programa.
La nueva regla anunciada en agosto de 2022, mantiene los mismos criterios de elección de DACA, así como la posibilidad de que sus beneficiarios accedan a permisos de empleo y reafirma que “que DACA no es una forma de estatus legal, pero que los beneficiarios de DACA, al igual que otros beneficiarios de acción diferida, se consideran “presentes legalmente” para ciertos propósitos. Esta nueva regla entrará en vigencia el 31 de octubre del presente año.
De esta forma, ahora la Casa Blanca se encuentra trabajando en una orden en la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), deje de priorizar la deportación de los beneficiarios de DACA, y que además se abstenga de deportarlos si es que no se consideran amenazas para la seguridad pública.
No obstante, la cuenta pendiente de la administración es asegurar que los beneficiarios de DACA no pierdan sus permisos de trabajo. Por lo tanto, la mejor opción de defensa y mejora de DACA, continúa siendo la legislación en el Congreso, o bien una reforma migratoria bipartidista.
