Un juez federal de Nueva York frenó, el miércoles pasado, la reforma de “carga pública” del gobierno actual que rechaza la “Green Card” en la Unión Americana a los inmigrantes que hayan solicitado apoyo al estado, esto mientras perdure la pandemia por el COVID-19.

Conforme al juez George Daniels, de la fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York, esta reforma, que se aprobó el pasado 24 de febrero de 2020, exige a los inmigrantes a elegir entre su salud o su seguridad personal por su estatus migratorio.

Esto quiere decir que, si requieren de algún servicio médico no pueden solicitarlo de forma libre, por miedo a ser detenidos y deportados por ICE.

La demanda por parte de varias organizaciones civiles, institutos y grupos políticos, establece que esta regla persuade a los inmigrantes a no realizarse la prueba del coronavirus porque pueden ser detenidos, esto mismo provoca miedo ya que se está propagando el virus.

A los inmigrantes que reciben beneficios públicos, cupones de alimentos, atención médica gratuita, contribuciones y apoyo en efectivo, mediante esta regla se les niega la “Green Card” de residente, porque son considerados una “carga pública”, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.

La demanda se presentó en abril pasado en la ciudad de Nueva York, por los fiscales generales de la Gran Manzana, Connecticut y Vermont, grupos proinmigrantes y Caridades Católicas. 

Estos grupos solicitaron que la norma fuera bloqueada mientras la pandemia sigue siendo un peligro inminente. Argumentaron que es un deterioro a la salud pública.

El procedimiento legal se llevó a cabo pocos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos tomara la decisión de no actuar en este tema.

Sin embargo, el alto mando judicial de EEUU, decidió que los reclamantes contaban con la elección de llevar su testimonio, otra vez, al tribunal para revertir la decisión.

La ciudad de Nueva York, que es la líder de la alianza, presentó en 2019 una demanda legal en contra de la regla de carga pública.

“Doctores, enfermeros, funcionarios locales y federales, activistas, defensores de los derechos de los inmigrantes, organizaciones civiles, e institutos han sido testigos de que, aquellas personas que no cuentan con papeles, se rehúsan a registrarse al programa de salud del Medicaid o alguna otra cobertura médica pública y/o renuncian a las pruebas o tratamiento del coronavirus, esto por miedo a ser clasificado como carga pública”, señaló la coalición.

Ante esto, el juez Daniels, expresó que la norma de carga pública no puede ser aplicada mientras la nación estadounidense siga bajo emergencia sanitaria.

Fuente: Forbes