El juez federal Jeffrey White, bloqueó el aumento de las tarifas de USCIS de distintos trámites migratorios que entrarían en vigor este viernes 2 de octubre. Hasta este momento las tarifas se mantienen como siempre.

El juez de Oakland, California, también dijo que los dos últimos jefes del Departamento de Seguridad Nacional, posiblemente fueron nominados ilegalmente. Señaló que Kevin McAleenan fue ascendido al puesto de secretario interino cuando Kirstjen Nielsen renunció en abril del 2019. También, expresó que no estaba justificada la promoción de Chad Wolf quien asumió el cargo en lugar de McAleenan en noviembre del año pasado. Wolf fue nominado al puesto el 10 de septiembre, pero aún no está aprobado.

White, asimismo, frenó el aumento de tarifas, justificando que el Gobierno no tomó la decisión como la ley federal lo exige.

Por otra parte, se había anunciado que a partir del 2 de octubre, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) subiría en un 20% sus tarifas, y en algunos casos llegarían hasta a un 535%; sin embargo la agencia justificó los aumentos para poder financiarse.

El proceso de naturalización se hubiera visto gravemente afectado, ya que pasaría de US$640 a US$1,170, eso sin contar el pago del proceso de datos biométricos.

La suspensión de deportación incrementaría un 535%; es decir, de US$285 a US$1,525.

Las aplicaciones de permisos de trabajo aumentarían de US$410 a US$550, lo que representa un 34%.

Las solicitudes de asilo que son gratuitas ya que con el resto de los trámites se costean, debido a razones humanitarias, tendrían un precio de US$50.

Igualmente, la regla de exención de pago para inmigrantes de bajos ingresos, iba a ser borrada por completo.

“Con la nueva regla de tarifas, esta Administración ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, aseveró Melissa Rodgers, directora de programas del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), en San Francisco.

Rodgers señaló que al no saber justificar las proyecciones de los modelos de ingresos, el Gobierno no sólo se puso el pie para terminar con la regla, sino además, contradijo las declaraciones de USCIS en el Congreso sobre la situación financiera.