El tribunal federal del Distrito de Columbia decretó el pasado martes que la política que niega a los inmigrantes que pertenecen a las Fuerzas Armadas un trámite rápido para conseguir ser ciudadanos, es ilegal.

“El Congreso ha reconocido durante mucho tiempo que los inmigrantes que prestan servicio en las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra tienen derecho a la ciudadanía estadounidense”, declaró Scarlett Kim, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Este hecho beneficia a todos los que pertenecen al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) por servir o haber servido en las Fuerzas Armadas.

El gobierno estadounidense en octubre del 2017 sumó nuevos requisitos “onerosos”, que han resultado en rechazos para tramitar la ciudadanía de los inmigrantes que pertenecen al Ejército, según lo que estipula el Congreso.

“En el año siguiente a la aplicación de esta política, el Gobierno dio cuenta de una reducción del 72% en las solicitudes de naturalización por parte de miembros del Ejército, en comparación con el nivel anterior”, manifestó ACLU.

La jueza federal Ellen Huvelle, destacó que el Departamento de Defensa por ley, debe revisar si el solicitante a ciudadanía ha desempeñado su labor con honores dentro de las Fuerzas Armadas.

 “El Departamento de Defensa no solo tiene prohibido considerar algo más allá que el historial de servicio del soldado para determinar si ha servido con honor, sino que al recibir la solicitud de un extranjero que ha satisfecho el servicio cualificante, el Departamento debe hacer la determinación”, recalcó Huvelle.

Los requisitos extra agregados en 2017, “van en contra de la ley, y la negativa del Departamento de Defensa a certificar a los demandantes porque no hayan cumplido algunos de esos requisitos constituye una acción ilegal”, puntualizó.