Diversas ciudades de Estados Unidos están reforzando los servicios jurídicos para ayudar a los inmigrantes a disputar su posible deportación y evitar ser víctimas de abogados fraudulentos; ello tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales y su promesa de aplicar las leyes migratorias con mano dura.

El uso de fondos de gobiernos locales para representar a los inmigrantes en procesos federales es un ejemplo inicial de la reacción que encontrará el futuro presidente republicano en los baluartes demócratas. Los defensores de los inmigrantes dicen que es cuestión de justicia y buen uso de los fondos, pero algunos se preguntan si el dinero de los contribuyentes se va a usar de maneja justa.

Chicago ha aprobado un fondo jurídico de 1,3 millones de dólares. Funcionarios electos de Los Ángeles y organizaciones privadas están elaborando un plan de 10 millones de dólares, en tanto que algunos legisladores de California proponen gastar decenas de millones de dólares en abogados para inmigrantes que están en peligro de ser deportados. Nueva York sopesa un fondo jurídico público y privado para sumarse al programa de abogados públicos de la municipalidad, el cual es considerado un modelo nacional.

“Tenemos que ser capaces de proteger a la gente que tiene miedo”, dijo el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, después de que el concejo aprobó la medida la semana pasada.

Las promesas de Trump de construir un muro fronterizo y deportar a los 11 millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización han provocado desconcierto entre la comunidad inmigrante. Desde entonces, Trump ha dicho que se enfocaría en menos inmigrantes, pero sin detallar sus planes.

Desde su triunfo, la falta de representación legal de los inmigrantes se ha convertido en una preocupación creciente. Fue el problema principal planteado en una reunión de líderes políticos en Chicago, donde participó el senador demócrata Dick Durbin. La supervisora del condado Los Ángeles, Hilda Solís, dijo que le preocupaba en particular la suerte de los menores no acompañados y de los dreamers, que han entregado sus datos personales al gobierno federal para obtener permisos de trabajo otorgados a raíz de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama.

En Los Ángeles, las autoridades quieren crear el fondo antes de que Trump juramente como presidente en enero. Alrededor de la mitad del dinero saldrá de los arcas del municipio y el condado, y la otra mitad de donaciones privadas.

“No sabemos hasta dónde llegará el nuevo gobierno cuando se trata de la política de inmigración de nuestro país, pero todos hemos escuchado la retórica, la peligrosa retórica de la elección”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. “Y nosotros estamos listos para apoyar a la gente que no puede contratar o que no se da cuenta que necesita un abogado”.

Los inmigrantes no tienen garantizado un abogado en la corte y apenas el 37% de los que tienen orden de deportación cuentan con representación legal, de acuerdo con un informe en septiembre del Consejo Estadounidense sobre Inmigración.

En California, los legisladores estatales han propuesto una medida que costaría hasta 80 millones de dólares para abogados de inmigración y otros servicios de capacitación jurídica. El condado de Santa Clara está sopesando la idea y el alcalde de San Francisco Ed Lee agregó 1,5 millones a un fondo para servicios jurídicos para inmigrantes.

En Chicago, donde se calcula que unas 150.000 personas carecen de autorización legal para estar en el país, el dinero será dividido entre dos organizaciones sin fines de lucro. Una se enfocará en inmigrantes pobres con orden de deportación. La otra contratará 200 “navegadores comunitarios” que trabajarán como enlaces en iglesias, escuelas y eventos comunitarios para encontrar inmigrantes sin autorización y ayudarlos a ver si es que tienen posibilidades de quedarse en el país.

Fuente: Associated Press.