El senador del estado mexicano de Chiapas, Luis Armando Melgar, promovió este viernes en Washington su plan para ayudar a las decenas de miles de mexicanos que están siendo deportados bajo la nueva Administración y que, en su opinión, beneficiará tanto a las empresas como a los repatriados.
Durante una rueda de prensa al concluir su visita en la capital estadounidense, Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que su plan, presentado la semana pasada, propone enmendar la Ley del Impuesto sobre la Renta, de tal manera que se incluya un párrafo para dar un estímulo fiscal a empresas que contraten a mexicanos deportados.
El gobierno de Estados Unidos ha deportado en lo que va del año a 17,000 mexicanos y Melgar solicitó a la Secretaria de Hacienda “que considere un incentivo fiscal” para ayudar a los deportados.
“El migrante que se va para allá (México) es una gente que… por el tiempo que haya podido estar en EEUU, ya tuvo una capacitación donde sus habilidades podrán ser y se podrán haber incrementado”, observó.
El senador chiapaneco aseguró que su plan es una propuesta en la que todos ganan: se crean empleos para los repatriados y se crea un incentivo para las empresas que los contraten, porque obtendrían un alivio fiscal.
“El mexicano (deportado) va a recibir el beneficio de conseguir un empleo con mayor rapidez, en un momento en el que la economía mexicana no está generando tantos empleos”, enfatizó.
Para Melgar, el plan ayudaría a la reinserción de sus connacionales y lo correcto sería que las autoridades preparen el terreno para que los deportados encuentren a la brevedad posible fuentes de empleo.
Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, siete de cada 10 mexicanos carecen de ciudadanía en Estados Unidos, donde viven 12 ,2 millones de personas de origen mexicano.
Unos 5,5 millones de mexicanos son indocumentados, y estarían en riesgo de deportación bajo la Administración. La mayoría de los mexicanos proviene de estados como Michoacán, el Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, o Puebla, y Chiapas aporta apenas el 2% de los emigrantes, precisó Melgar.
La propuesta de Melgar, de ser aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitiría que las empresas deduzcan de sus ingresos el equivalente del 25% del impuesto sobre la renta de los trabajadores, con la condición de que éstos estén inscritos en el Seguro Social.
Además, según explicó Melgar, los inmigrantes indocumentados tendrían que demostrar, con documentos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que recibieron órdenes de expulsión, además de reunir requisitos y destrezas laborales para ser contratados.
La medida beneficiaría solo a los mexicanos que hayan sido deportados dentro de un período de un año al momento de ser contratados.
Melgar confío en que las empresas mexicanas no realizarían despidos para contratar a deportados a cambio del incentivo fiscal porque, si se atreven, sería “mala leche”.
Fuente: La Opinión.
