Tras el anuncio de la anulación del programa DACA junto al corto periodo de 30 días brindados por la administración del presidente —que culmina el 5 de octubre— para renovar cerca de 154,000 solicitudes de DACA en todo el país, el riesgo de ser víctima de notarios públicos y abogados fraudulentos es enorme.

Por ello, organizaciones y líderes que abogan por los derechos del inmigrante hacen un llamado a la comunidad para que tengan cuidado con los anuncios de servicio gratuito para renovar la solicitud de DACA, programa que ofrece permisos de trabajo.

Según la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA), para cumplir con todo antes de la fecha límite, se necesita renovar unas 5,433 solicitudes de DACA al día. Eso significa 214 solicitudes por hora.

El apuro es un factor que incrementa el riesgo de caer en las garras de inescrupulosos.

Y es que luego del anuncio de anulación de DACA, han salido ofertas de ayuda gratuita por doquier con notarios y abogados haciendo ofertas para “ayudar a la comunidad”.

La solidaridad es buena, pero muchos podrían no estar capacitados ni certificados para ofrecer ayuda legal, mientras que otros “[abogados] cuentan con una reputación dudosa”, dijo la abogada Rosa Elena Sahagún, que ofrece sus servicios en Riverside.

Sahagún se refirió al abogado Rogelio Morales, también de Riverside, quien ésta semana dijo que ofrecerá sus servicios gratuitos a jóvenes con DACA hasta el 14 de octubre.

Lo riesgoso, según Sahagún, es que Morales encara un total de 58 cargos de extorsión, hurto e intento de robo, por los cuales fue arrestado el pasado 21 de abril.

“Sin duda alguna el abogado Rogelio Morales quiere limpiar su imagen. Su misma conducta dentro y fuera de los tribunales pone en duda su reputación. En el último año ha perdido varias demandas archivadas a nombre de su esposa”, comentó Sahagún.

“Él fue demandado por dos ex-empleadas a quienes les debe salario, más de $20,000; está al borde de la bancarrota y se le ha visto bailando afuera de los tribunales. Además, tiene una orden de alejamiento en su contra. Él ahora quiere que estos hechos se borren o queden en el olvido al ofrecer ayuda legal gratuita”, agregó.

Y advirtió que “quien acepte ayuda legal gratuita a manos de quién es acusado de intento de robo y extorsión, que se atenga a las consecuencias”.

En efecto, Morales enfrentó este viernes a un juez en la corte municipal de Riverside con la intención de rendir su declaración; sin embargo, el juez postergó la audiencia para el próximo mes.

Hoy Morales junto a su esposa Mireya Arias, quien también fue arrestada bajo cargos similares, están libres bajo fianza.

Datos de la corte indican que ambos visitaban negocios pequeños en el área de Riverside, para luego demandarlos por supuesta discriminación de género.

Morales solicitaba dinero para retirar o no entablar una demanda. Según datos de la corte, Morales exigía entre 1,000 y 10,000 dólares para no proceder legalmente. De ser encontrado culpable, Morales encara hasta 20 años de prisión, según la corte.

José Calderón, presidente de la Mesa Redonda Latina del Calle de San Gabriel, exhortó a la comunidad a acudir con profesionales y a los talleres organizados por grupos con larga trayectoria para solicitar la asistencia gratuita.

Si crees que fuiste víctima de fraude migratorio repórtalo a la División de Protección al Consumidor del condado de L.A., al (213) 580-3273 o al Departamento de Justicia de California, llama al 1(888) 587-0557.

Fuente: El Diario NY