Además del coronavirus, los inmigrantes se tienen que cuidar de ICE y de la deportación, lo cual complica aún más su vida en Estados Unidos, pero el estado de Colorado ha salido en su defensa.

En medio de la pandemia y la crisis económica, el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó la semana pasada una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias de este estado a dar información personal y detallada, a las fuerzas migratorias.

La ley, es un documento que consta de cuatro páginas y fue enviado el miércoles 20 de mayo a las agencias de Colorado, y específica e impide al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras oficinas federales, acceder a información y datos personales como: nombre, fecha de nacimiento, licencia de conducir, domicilio, estos solo pueden pedirse con una orden judicial firmada por un juez.

“Mi administración está enfocada en que Colorado actúe bien para todos. Y para conservar esta visión, debemos asegurar que todos los habitantes del estado puedan en confiar en su gobierno y reciban la ayuda sin miedo a ser deportados”, así lo afirmó el demócrata.

El documento dictamina: asegurar de que todos los departamentos del Poder Ejecutivo de Colorado y todas las oficinas estatales, tengan leyes de protección de datos y la reserva de los mismos de todos los habitantes, incluyendo información migratoria.

Por esta razón, las agencias de Colorado deben tener una base de datos e información personal que reciban, señalando quién lo hace, qué información piden y por qué y si pedir la información fue denegada o aceptada.

En caso de que sea aceptada la información, esta debe ir acompañada de una nota indicando que los datos proporcionados sólo podrán ser usados para investigaciones criminales activas y no con propósitos migratorios.

Las agencias en 30 días deben efectuar completamente las indicaciones y llevar a cabo las nuevas normas y deberán enviar reportes trimestrales al Gobierno estatal.

Muchos demócratas apoyaron el decreto de Polis, e impulsaron exitosamente este año varias nuevas medidas de protección de inmigrantes, incluyendo la denegación de que se use el estatus migratorio de una persona para negarle el alquiler de una vivienda, así como arrestarles.

Fuente: La Opinión