El Noveno Circuito de Apelaciones concedió al gobierno terminar con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador, Honduras, Haití y Sudán.

“Este es un día oscuro”, expresó Elissa Díaz, asociada de Políticas de Church World Service y presidenta de la Coalición de Inmigración Interreligiosa. “El impacto de esta decisión es difícil de afrontar. Las vidas de cientos de miles de personas… están nuevamente en peligro. Ellos y sus hijos y familiares nacidos en Estados Unidos deben estar de luto”.

Añadió que el Congreso debería aprobar el Dream and Promise Act que establecería un medio a la ciudadanía para dreamers y “tepesianos” después de la decisión del tribunal en una votación 2 a 1.

Más de 130 mil trabajadores esenciales podrían ser perjudicados por este fallo, de acuerdo a Church World Service. 

“Los titulares de TPS son miembros integrales de nuestras comunidades. Pagan impuestos, inician negocios, se ofrecen como voluntarios y durante una pandemia que está asolando nuestra nación, están prestando servicio en primera línea”, precisó el revendo John L. McCullough, presidente y director ejecutivo de Church World Service. “Quitarles su estado de protección es cruel, no sólo porque destruirá todo lo que han construido aquí, sino porque podría devolverlos a condiciones potencialmente peligrosas”. 

Culpó al Gobierno de que en lugar de protegerlos los “continúan marginando, excluyendo y deportando”, afectando a sus familias, la mayoría con hijos estadounidenses.

El TPS fue establecido en 1990 para proteger a aquellos que huyen de países arrasados por guerras y desastres con el fin de tener protección migratoria y autorización de empleo. Por 20 años, demócratas y republicanos habían ampliado el programa por cada país hasta que se tomó la decisión de terminarlo.

“Me enteré del TPS cuando el presidente trató de ponerle fin para mi mamá. Pero como hija de una titular de TPS, no lo pensé dos veces antes de enfrentarme al presidente para defender a mi madre y a nuestra familia”, dijo Crista Ramos, una adolescente nacida en EEUU que es la principal demandante en el caso Ramos vs. Wolf (antes Ramos vs. Nielsen) presentado por la Fundación ACLU del Sur de California, National Day Laborer Organizing Network y Sidley Austin LLP en nombre de nueve personas con TPS y cinco niños ciudadanos estadounidenses.

De igual forma, la organización CLINIC también alzó la voz sobre la conclusión de este programa: “El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal hace más de 30 años con razón, porque sería inconcebible deportar a las personas a situaciones de crisis y conflicto”, sentenció Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC. “Ninguna familia debería enfrentarse a la opción de separarse o mudar a toda su familia, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses, a un país donde corran peligro”.

USCIS analizará el dictamen del tribunal votado en contra por la juez Morgan Christen.