En sus primeros días como presidente, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que abordan distintos aspectos de nueva política migratoria en Estados Unidos. Estas medidas, que forman parte de sus promesas de campaña, han tenido un impacto significativo en las comunidades inmigrantes, especialmente en los inmigrantes sin documentos.

A continuación, las órdenes ejecutivas que han sido firmadas y aplicadas por las autoridades de inmigración y de orden público en Estados Unidos:

Actualización de prioridades de inmigración

Una de las primeras órdenes que firmó el presidente Trump fue la orden ejecutiva de Rescisiones iniciales de órdenes y acciones ejecutivas perjudiciales, que logró rescindir varias de las órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden, incluidas las que habían establecido prioridades de cumplimiento de la inmigración civil, y que habían creado un marco regional para abordar las causas de la migración, reforzado los esfuerzos de integración e inclusión de los nuevos estadounidenses y establecido un grupo de trabajo de reunificación de familias separadas.

La declaración de emergencia nacional en la Frontera Sur y la protección fronteriza

Esta declaración y orden ejecutiva establece que el uso directo de fuerzas armadas, sistemas aéreos y otras estrategias de seguridad para detener la entrada no autorizada de inmigrantes ilegales en la frontera.

Esta orden ejecutiva también terminó con la aplicación móvil CPB One y todas sus citas, así como el programa de asilo para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.  De igual forma, la administración ha restablecido la política de “Quédate en México” o “Remain in Mexico”, que solicita a los buscadores de asilo a permanecer en México hasta que su proceso se resuelva.

Protegiendo a los estadounidenses contra la invasión

Esta orden ejecutiva establece nuevas políticas para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) atienda la entrada ilegal, la presencia indocumentada y la deportación de los inmigrantes irregulares en Estados Unidos. A través de esta orden se han limitado los parole humanitarios, así como las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Bajo esta nueva política, los inmigrantes sin documentos deben registrar su presencia en Estados Unidos, ante el DHS de lo contrario será tratado como una prioridad de aplicación civil y penal. Asimismo, el DHS ha expandido el uso de la deportación expedita.

Esta política invita a las autoridades federales y estatales a la cooperación en tareas de inmigración, como compartir información entre gobiernos locales y estatales.  Asimismo, esta orden ejecutiva alienta a los inmigrantes sin documentos a una deportación voluntaria y limita la disponibilidad de permisos de trabajo para indocumentados.

Asimismo, a las jurisdicciones denominadas como santuario, que interfieran en las operaciones de aplicación de la ley federal se les denegará el acceso a los fondos federales.