Distritos escolares adoptan guías legales y operativas para proteger el acceso a la educación de estudiantes inmigrantes tras cambios en políticas federales.
Los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump han generado un aumento en las acciones de control migratorio, afectando directamente a estudiantes de origen inmigrante en Estados Unidos. Ante este nuevo panorama, distritos escolares en todo el país han comenzado a reforzar y actualizar políticas conocidas como “zonas seguras” para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan asistir a la escuela sin temor a la intervención de las autoridades migratorias.
Los cambios drásticos en la nueva política migratoria incluyen la eliminación de la norma que anteriormente limitaba las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en escuelas, hospitales e iglesias. Como resultado, se ha registrado un aumento significativo en la presencia de ICE en comunidades inmigrantes, lo cual genera preocupaciones entre padres y estudiantes. La respuesta de los sistemas escolares ha sido el desarrollo de orientaciones legales y administrativas que protejan el derecho a la educación, en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema en Plyler v. Doe, que establece que ningún niño debe ser excluido de la educación pública gratuita debido a su estatus migratorio.
Las políticas escolares conocidas como “zonas seguras” se fundamentan en leyes federales que protegen el derecho de todos los niños a recibir educación pública sin importar su estatus migratorio. Su principal respaldo legal proviene del fallo Plyler v. Doe de la Corte Suprema de 1982. Además, el Cuarto Enmienda de la Constitución establece que las autoridades deben presentar una orden judicial válida para ingresar a espacios donde se espera privacidad, como ciertas áreas dentro de las escuelas.
Asimismo, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) protege la información personal de los estudiantes, limitando su divulgación sin el consentimiento de los padres o tutores, salvo algunos datos básicos. Finalmente, la Ley de Derechos Civiles de 1964 obliga a las escuelas a prevenir el acoso y la discriminación por origen nacional, reforzando así la obligación institucional de garantizar un entorno educativo seguro y equitativo para todos los estudiantes.
De esta manera, los lineamientos adoptados por distritos y estados abordan distintos aspectos. Algunos se enfocan en cómo actuar ante la presencia de agentes de ICE en campus escolares, diferenciando entre órdenes administrativas y judiciales. También establecen límites sobre la información que puede compartirse con las autoridades, de acuerdo con la FERPA, y promueven prácticas para proteger los datos personales de los estudiantes.
Además, las políticas incluyen pautas para mejorar la comunicación con las familias. Se recomienda mantener actualizados los contactos de emergencia y ofrecer talleres sobre derechos legales. En algunos casos, se instruye al personal para ayudar a las familias a reunir documentos importantes en caso de una deportación o salida del país.
El enfoque también incluye acciones para garantizar el acceso a la matrícula escolar sin necesidad de que las familias revelen su estatus migratorio. Las escuelas han adaptado los formularios de inscripción para aceptar documentación alternativa y han reforzado el cumplimiento de la Ley McKinney-Vento, que protege el derecho a la educación de niños en situación de vivienda inestable, incluyendo muchos en familias migrantes.
